El recién iniciado juicio contra el excapitán Lima Oliva[i] y otros funcionarios públicos cuestiona al Estado guatemalteco: a los servidores públicos, peleados con la ética y la vergüenza; a las instituciones, construidas para el negocio y no para el bien común, como mandata la Constitución; a los actores de poder y sus relaciones.
El juicio desnuda una red de corrupción, robos, mentiras y violencia, que no se construye en paralelo o al margen de las instituciones y el gobierno. Se encuentra en el Estado mismo: criminal, mercantilista, orientado al beneficio de unos pocos, autoritario. Un poder (y un Estado) fundamentado en la violencia: excluye y reprime, sin apego a la ley ni a la ética, en vez de incluir y concretar consensos.
Así, el juicio a Lima Oliva debe ampliarse a los actores que avalan o sustentan comportamientos ilícitos, más allá de la investigación de una persona y una red especialmente criminales. Debe tener en cuenta proyectos económicos y políticos que operan en Guatemala a través de:
la acumulación violenta;
la conexión de acciones y estructuras legales con criminales;
la concentración económica y de decisiones políticas;
las disputas hacia fuera e internas, por control de negocios y poder político (en esta línea, el juicio a Lima revelaría intentos de desplazamiento de un sector de poder, que incluye al actual ejecutivo).
Las negaciones del poder impune
La política oficial habla de beneficios para todos, democracia, libertades. La política real se desnuda estos días en pocas imágenes:
1) Byron Lima Oliva, descompuesto y amenazador, acusado por sus compañeros de viaje;
2) un Presidente obligado a negar con la boca las lealtades de su identidad, su historia y su corazón.
No cuesta imaginar en el banquillo de los acusados a Otto Pérez Molina o al Ministro de Gobernación, como parte de la misma razón política que acusa a Byron Lima. Sin embargo, ante la gravedad de las sindicaciones y vinculaciones con Lima Oliva, el Gobierno se instala en la negación: niega la relación con el acusado, niega la corrupción, niega la violencia, como hace meses negó el genocidio o, desde siempre, niega el derecho de las comunidades a organizarse y definir su modo de vida. La suma de las negaciones construye un escenario de dictadura, y se aleja de un ideal democrático, siempre pendiente.
Es el tiempo de los pueblos
El juicio a Lima Oliva plantea la crisis de legitimidad del Estado, y la crisis de un modelo económico, político e ideológico, que ese Estado concreta.
Es inaplazable: necesitamos otros gobernantes y funcionarios públicos.
Necesitamos nuevas éticas de acción política, que rescaten lo colectivo y la solidaridad, poniendo diques a la ambición individualista y al todo vale.
Necesitamos sustituir por otra cosa este Estado que sirve a la acumulación violenta y criminal y que desplaza y reprime a organizaciones y comunidades: el “Estado disciplinador” (Claudia Korol) de todo aquel que entorpezca la generación y acaparamiento de riqueza.
Necesitamos, en fin, nuevos proyectos de organización, donde los Lima Oliva no ejerzan poder impune y referencial; donde los Pérez Molina (simples y autoritarios) no logren aceptación social; donde el Estado se convierta en instrumento para construcción de causas comunes y la economía sea, en vez del negocio de compinches actual, de carácter destructivo, la ciencia que garantice la reproducción y plenitud de la vida.
Por
eso, este 17 y 18 de septiembre, miles de personas tomamos caminos y calles.
[i] Lima Oliva está acusado de dirigir, desde prisión, una red criminal. Lima cumple condena por el asesinato, en 1998, del Obispo Juan Gerardi.
