Andrés Cabanas
La
aguda persecución de dirigentes sociales, organizaciones y comunidades en
resistencia, anula el ejercicio de derechos básicos (participación,
movilización, libre expresión, resistencia) y reduce la democracia formal
guatemalteca a la categoría de tiranía.
Comunidades
bajo el fuego
Se
amenaza, reprime y encarcela, con argumentos (formalmente) inapelables: la violación de la ley. Pero lo técnico-jurídico como justificador de
las capturas está deslegitimado por el historial de ilícitos, arbitrariedades
e irregularidades cometidas por los operadores de justicia.
Recientemente: detenciones ilegales (Barillas, 2 de mayo de
2012); utilización de figuras delictivas desproporcionadas (sobre
todo, delito de terrorismo como en el caso de San Juan Sacatepéquez, y delito
de plagio y secuestro); condenas sin individualización de
responsabilidad (Saúl y Rogelio en Barillas); abuso de la
prisión preventiva y renuencia a otorgar medidas sustitutivas (Timoteo
Chen en Monte Olivo, preso sin juicio desde abril de 2014); injerencia de
empresas en procesos judiciales (Hidro Santa Cruz, con acusaciones a Rubén
Herrera, Rogelio y Saúl); chantaje: ofrecimiento de libertad a los
presos, a cambio de su anuencia al trabajo de las empresas (Saúl y Timoteo
Chen).
La
persecución es, por ello, política: pretende anular las críticas a un gobierno
construido bajo los intereses de las empresas, que niega la soberanía de los
pueblos y el control autónomo de sus territorios y bienes (soberanía expresada,
entre otras, en la realización de consultas comunitarias).
La
agresión a personas y organizaciones es constante; debilita en el día a día; actúa por momentos con intensidad destructora (intento de desarticulación de la resistencia en el norte de Huehuetenango); utiliza medidas diferentes: jurídicas, comunicativas, políticas, violencia física, ahogo económico, desacreditación, aislamiento nacional e
internacional, promoción de desconfianzas, divisiones, rivalidades y enfrentamientos intracomunitarios y entre representantes de comunidades y representantes de organizaciones. Es, así, una ofensiva general y multifacética, ante la que no
sirve oponer acciones desarticuladas.
Aunque se apoya en la coyuntura y el corto plazo (permisividad de las
autoridades de la Corte Suprema de Justicia; exigencia de los financiadores del
actual gobierno para viabilizar proyectos antes del cambio de ejecutivo;
cercanía del proceso electoral y consecuente relajamiento y dispersión de las
resistencias), la persecución define objetivos y acciones en el medio y largo
plazo. Es una ofensiva de tiempo completo, con el
objetivo de viabilizar un modelo económico para la extracción hasta el límite de todo tipo de recursos de las comunidades, y un modelo político de control de
población y territorios, intrínsecamente violento.
Por
ello, la violencia contra las luchas sociales va más allá del actual ejecutivo
patriota y su lógica de seguridad y enemigo interno. Algunos precandidatos
presidenciales marcan distancia con la propuesta promilitar de este gobierno y
enfatizan la generación de empleo y la solución de la crisis económica como
ejes de su propuesta. Sin embargo, el reposicionamiento político de
la Inteligencia Militar (como ente de control de resistencias para la
gobernabilidad empresarial); el despliegue de seguridad bajo criterios
militares, con la creación de Escuadrones Militares para la Seguridad
Ciudadana; la
multiplicación en las comunidades de todo tipo de informantes y agentes de
desestabilización a sueldo; y los deseos de uno de los arquitectos de la
agresión, el ministro López Bonilla, de continuar en el Ministerio de
Gobernación con un nuevo ejecutivo, amenazan con la réplica de la persecución
actual después de septiembre de 2015: la criminalización como política de
Estado y la multiplicación de presos y perseguidos políticos en todo el
territorio.
Democracia de mínimos
Represión,
centralización, militarización, autoritarismo, desconocimiento de leyes,
corrupción y saqueo del Estado, reducción de derechos: este momento
preelectoral es también el instante de más bajo ejercicio democrático en la
historia reciente. Aunque en el país no funciona una dictadura clásica, se
instala o se ha instalado ya un modelo político tiránico, afincado sobre el
poder económico y el poder militar, fortalecido por:
los megaproyectos construidos y otros en proceso, como
el gasoducto trinacional (México, Honduras, Guatemala) para la explotación y
distribución de gas natural y el hipercontaminante gas de esquisto, obtenido a
través del fracking[1]);
la generación de un marco legal para la expansión sin
obstáculos de las empresas (salarios diferenciados, exenciones fiscales,
construcción en un futuro de territorios autónomos –ciudades modelo, con juridicidad,
legalidad, seguridad y gobierno propio- para el desarrollo empresarial);
el control del Estado y el poder político;
la violencia como garantía para la reproducción del
poder;
la amplificación de la dependencia
neocolonial: Alianza para la Prosperidad, que subordina Guatemala a la
agenda exterior de Estados Unidos.[2]
Este
modelo expoliador autoritario, no exento de contradicciones y disputas (entre
economía tradicional, criminal y emergente, y entre diversos actores, incluidas
transnacionales) quiere reforzarse con una reformulación de la Constitución vigente,
para adaptarla a la realidad y necesidades actuales de los actores dominantes
(nuevo pacto de élites). Esta adaptación gira, en las expectativas de actores de poder, alrededor de la eliminación del carácter garantista de la actual Carta Magna, el
desconocimiento de los Convenios internacionales de protección a los derechos
humanos, la negación de los derechos de comunidades indígenas, la privatización
del subsuelo y la negociación de nuevas reglas para el reparto del poder
político (con reformas a la ley electoral y de partidos políticos y al actual
sistema de justicia).
Articular la defensa del territorio y la vida
El
modelo de explotación se expande, se construye para el hoy y el largo plazo,
actúa desde frentes múltiples, articula lo legal y lo ilegítimo, se apoya en la
persecución y la criminalización.
La
defensa del territorio y la vida (que implica defender y ampliar los derechos
colectivos, y proteger y apoyar la lucha de las comunidades, organizaciones y
dirigentes) plantea retos mayúsculos. La existencia de presos políticos revela
tanto la naturaleza depredadora del poder político y económico, como las
dificultades de las resistencias para detener la agresión y construir a medio y
largo plazo nuevas formas de organización social, política y económica.
Las
respuestas desarticuladas, focalizadas, exclusivamente reactivas, son
insuficientes para enfrentar la agresión: por ejemplo, las medidas jurídicas
desvinculadas de la acción política, y viceversa. No bastan las
acciones desde un solo ámbito de lucha o un solo territorio. Debemos reconocer
que no logramos superar y nos hace daño la fragmentación entre representantes
de pueblos, comunidades y organizaciones; la incomunicación y la
desinformación; la multiplicación de las desconfianzas; la continuación de una cultura
política determinada por el caudillismo, más que por la
construcción colectiva; las divisiones por cuotas y participación
electoral, presentes ya en los movimientos, sin reconocer que el proceso electoral es, también, escenario para la resolución de disputas intraelitarias, que cambien la forma sin modificar la orientación de fondo.
El
momento requiere de un gran pacto que defienda y desarrolle un nuevo proyecto,
articulado desde la colectividad, la horizontalidad, el reconocimiento del
aporte de todos y la necesidad de todos los aportes, la valoración de las pluralidades
(no existe una sola forma, una sola visión, un solo proyecto), la renuncia, de
ser necesario, a privilegios y liderazgos preestablecidos, la renovación de las
miradas y las formas de hacer política, sobre todo a partir del aporte de los
jóvenes, la construcción de un sujeto político social con una nueva ética y
accionar, la solidaridad como eje fundamental (empezando con la solidaridad con
los perseguidos políticos y sus familias).
No
es un pacto o agrupamiento mecánico de organizaciones y siglas, coyuntural,
basado en cuotas de poder, diseñado para o ante el periodo electoral. El
objetivo es fortalecer la colectividad y el gobierno de lo público, frente a un
Estado construido por y para las empresas, a partir de principios comunes y articulaciones nuevas.
Es un pacto para la libertad de Rogelio, Saúl, Rigoberto, Timoteo, los cuatro líderes de San Juan condenados a casi 300 años de prisión, Bárbara, Adalberto, Chico, Arturo, vós y yo: todos los amenazados en nuestros derechos fundamentales, incluidos el derecho a soñar y plantear un mundo nuevo. Un pacto para construir entre todas y todos una nueva vida.
Es un pacto para la libertad de Rogelio, Saúl, Rigoberto, Timoteo, los cuatro líderes de San Juan condenados a casi 300 años de prisión, Bárbara, Adalberto, Chico, Arturo, vós y yo: todos los amenazados en nuestros derechos fundamentales, incluidos el derecho a soñar y plantear un mundo nuevo. Un pacto para construir entre todas y todos una nueva vida.
[2] Ver el trabajo de
Luis Solano sobre la Alianza para la Prosperidad en Centro de Medios
Independientes, cmiguate.org
