Andrés Cabanas, 27 de agosto de 2017
Otra
batalla por el derecho de consulta y los derechos colectivos, frente a
empresas, instituciones estatales y un modelo económico impuesto y violento, se
desarrolla este domingo 27 de agosto en Santa María Cahabón. 195 comunidades deciden
sobre la permanencia de los proyectos hidroeléctricos Oxec 1 y 2, en un proceso
al que el Estado no otorga validez.
La disputa
tiene como telón de fondo el reglamento de consultas (Guía de Estándares
básicos para la consulta a pueblos indígenas, promovida por el Ministerio de
Trabajo), la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de 26 de mayo que
anula la consulta previa, y la presión empresarial.
En
Cahabón, Estado y empresas marcan líneas rojas:
1.
El
gobierno organiza la consulta, no las comunidades.
2.
La
consulta se reduce a un área de influencia, determinada por el propio Estado
(11 comunidades para la empresa y el Ministerio de Energía y Minas, MEM, 195
para las comunidades).
3.
Las
comunidades no deciden si quieren o no proyectos: apenas tienen la potestad de
dialogar para llegar a acuerdos sobre dichos proyectos.
Y la
guinda del pastel: la empresa Oxec –empresas en general- tiene permiso para
continuar operando, aunque no haya realizado consulta previa y genere
violencia: criminalización, burla de los estudios de impacto ambiental,
destrucción ambiental, desvío de los ríos Oxec y Cahabón, apropiación del agua
de las comunidades, deforestación, secamiento del cauce provocado por su
actividad.
Desarrollo
violento e impuesto
Una
consulta restringida, sin posibilidad de decir no, organizada por una institución parcializada (MEM), no es consulta. Es una
burla a las comunidades y una reinterpretación de los derechos, a la
baja y a la medida de los poderosos. La alianza empresas-gobierno, con la
versión retrógrada de la Organización Internacional del Trabajo en el papel de
"colaborador eficaz", amenaza no solo la consulta comunitaria de
Cahabón, sino el fundamental derecho de decisión y libre determinación de las
comunidades, es decir, la capacidad irrenunciable de decidir sobre todos los
asuntos que les conciernen.
La
restricción de derechos no es nueva, pero la agresividad del planteamiento en
este momento, refuerza dos tendencias: una de carácter estructural, otra ligada
a la coyuntura reciente.
En
cuanto a lo estructural, la fulminación del derecho de consulta fortalece una concepción elitista del sistema político, y la
continuidad sin mutaciones (solo reconfiguraciones) del modelo de despojo, que
no tiene en cuenta los derechos de las personas y menos los derechos y la
preservación de la naturaleza, el agua, el ambiente, los ciclos de la vida.
En cuanto a lo coyuntural, Cahabón y la negación de la
consulta para favorecer a una empresa extractiva-destructiva, revelan la incapacidad
de las elites de entender que el viejo pacto constituyente-empresarial-militar tiene
que dar paso a un nuevo pacto social, con los pueblos como actores y sujetos
protagonistas.
Otro ejemplo: la apuesta por la infraestructura y la
construcción de carreteras como motor económico (anunciada recientemente por
los empresarios, FUNDESA 2017), hace borrón y cuenta nueva de la corrupción
existente en este ámbito y reclama el apoyo estatal, constituyendo otro
indicador y una nueva vuelta de tuerca, sin cambios, del modelo de desarrollo
excluyente.
Desde
la capital hasta Cahabón: la lucha por la transformación estructural y la
democracia de los pueblos
La
disputa en Cahabón y en todo el país (Monte Olivo, San Juan Sacatepéquez, San
Rafael Las Flores, Casillas, pueblo xinka, La Puya, norte de Huehuetenango, San
Marcos) derrumba puentes, si alguna vez hubo, entre este Estado corporativo, funcional a un capitalismo destructivo, y el modelo
propio de las comunidades, en construcción y reconstrucción, de raíces
históricas.
Por ello, la negación sistemática de los derechos de los
pueblos, para favorecer un modelo empresarial privatizador y mercantilizador, obliga
a plantear con más fuerza todavía la transformación raizal de este Estado y este
modelo. En este sentido, la consulta de Cahabón dibuja un hilo con la actual coyuntura
de crisis y cambios (el ciclo político iniciado en 2015, marcado por disputas
de elites, movidas geoestratégicas, indignación y resistencia social) y plantea
algunos debates y retos.
Debates
No estamos solamente ante una crisis del sistema político, sino del modelo económico y de una sociedad
construida sobre el individualismo, la mercantilización y la insolidaridad.
Esta crisis estructural no puede
resolverse con reformas parciales en el sistema político y el modelo de Estado,
que no atiendan el carácter estructural y la integralidad de los problemas.
Las acciones estructurales no se
pueden impulsar sin la participación como sujetos y la atención a los
planteamientos y propuestas de los pueblos indígenas (comunidades,
organizaciones, sectores populares, movimientos de mujeres).
Retos
Integrar todas las voces,
propuestas y demandas en la actual y todas las coyunturas, sin priorizar o
centralizar unas (en función de urgencias, el corto plazo que anula al
largo plazo, las reformas inmediatas que aplazan las estructurales, etc.). Esto
implica que (entendiendo la gradualidad de los cambios y las correlaciones de
fuerzas) en el nivel discursivo se articulen las demandas inmediatas con la
demandas estructurales, en el ámbito territorial y social las demandas de
sectores urbanos democráticos (La Plaza) con las de sectores populares, y en
el ámbito organizativo, se fortalezca el papel decisorio de estos últimos, para evitar que la crisis se despache con un nuevo pacto de elites.
Actuar en
este ciclo de crisis
Así, derecho
de decisión, autonomía, autodeterminación, soberanía, extractivismo, desarrollo
propio de los pueblos frente a la injusticia, son debates necesarios en la
coyuntura actual: no están fuera de la misma, ni deben verse como radicales o
maximalistas.
Aunque
parezca complejo, y poniendo ejemplos de la coyuntura actual, el desafío es
luchar todas y todos, con todas las formas y en cualquier momento, por la
recuperación de la AEU y el carácter público de la USAC, contra la corrupción,
dignificando la política, por la defensa del territorio y la Madre Tierra del
acaparamiento y la voracidad comercial (desvío de ríos, monocultivo,
agroexportación que liquida la producción de alimentos), contra el racismo y
las violencias machistas, promoviendo todos los derechos, especialmente el de
libre determinación, exigiendo IvanSeQueda, hasta transformar el Estado y este
modelo de vida individualista, insolidario, anticomunitario.
Cahabón
como síntesis –en tensión y construcción- de nuevas formas de participación y
decisión (consultas) y otros sentidos de vida (el agua, los ríos, el territorio
como bienes y no como recursos) nos revela la necesidad de organizarnos y
relacionarnos de formas distintas, trascendiendo los marcos institucionales y
de lucha impuestos y conocidos (incluido el sistema de partidos) y el desarrollo destructivo y la democracia
de bisutería que nos imponen.
Así, mi planteamiento es que debemos situar desde ya nuestra
propuesta y acción política en términos de ruptura, más allá de la continuidad
del modelo, la refuncionalización del mismo o la realización de reformas políticas
limitadas, vinculadas a escenarios de corto plazo y unidimensionales. Rompamos
con la democracia y el desarrollo propuestos por las elites (las que están fuera de la cárcel, dentro
o a punto de entrar en ella), para avanzar hacia un
nuevo modelo económico, de Estado y de
sociedad, de defensa de la vida y construcción colectiva de lo común.
