Incertidumbre, ruptura y esperanzas

Presentación en Foro Análisis de coyuntura, con énfasis en seguridad y justicia, organizado por Convergencia Ciudadana de Mujeres.
Andrés Cabanas, 16 de mayo de 2016

Divido esta presentación en tres apartados:

1.Caracterización de este momento como una coyuntura de crisis prolongada, que continúa y se profundiza después del terremoto institucional de 2015 y la celebración de elecciones el 6 de septiembre.
2. Aproximación a escenarios cambiantes, en una situación de tensión politica. 
3. Reflexión sobre retos para movimientos sociales, en el entendido de que el análisis de coyuntura o el análisis político de la realidad (que vincula el momento con los cambios estructurales) es válido si nos motiva a confrontar nuestras ideas y prácticas. No analizamos para reafirmar sino para transformar.

Crisis de régimen

En este apartado planteo que la crisis política no se agotó en 2015 ni se contuvo con la renuncia de Otto Pérez Molina y las elecciones de septiembre. Estamos en situación de (profunda) crisis-inestabilidad-ilegitimidad, no de normalidad-estabilidad-triunfo y prestigio de la nueva política (igual a Jimmy Morales).

Observamos, como síntoma de esta crisis, que durante 2016 se están produciendo cambios institucionales bruscos, igual o más relevantes que los que derivaron en la caída del gobierno de Pérez Molina y la desaparición del partido Líder como opción de gobierno a fines del año pasado. Estos cambios van más allá de personas y dinámicas concretas, y condicionan el ejercicio del poder político. Entre otros, menciono estos hechos:

-Captura de ex generales vinculados a delitos contra los deberes de humanidad durante el conflicto armado, actualmente implicados en redes de corrupción e inteligencia militar. Esta captura implica un golpe a uno de los soportes del actual gobierno, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, y a estructuras de inteligencia y de acción política paralela vigentes.   
-Intervención de la empresa Aceros de Guatemala para obligar el pago de impuestos atrasados por valor de 800 millones de quetzales. La intervención administrativa representa un aviso político hacia el empresariado evasor y un recordatorio de una de las agendas pendientes de la  transición: la reforma tributaria.
-Captura de un empresario español por utilización de medios ilegales para la obtención del contrato de la Terminal de Contenedores Quetzal, lo que revela prácticas de colusión entre empresas transnacionales, operadores políticos y operadores de justicia, constituyendo también un aviso para quienes favorecen estas prácticas.
-Desarticulación de estructuras criminales dedicadas a extorsión, en connivencia con actores partidarios.  
-Posible encarcelamiento de tres miembros recién electos de la Corte suprema de justicia (el 20% de la institución), que debe alertar a otros magistrados y jueces que han favorecido negocios ilícitos e impunidad.

Observamos, además, grandes movilizaciones sociales, como la Marcha por el Agua o las manifestaciones por la refundación del Estado, promovidas por organizaciones de mujeres, sociales, campesinas e indígenas, que desmienten la hipótesis de la caída del descontento tras la renuncia de Pérez Molina e implican rearticulaciones estratégicas de actores sociales

Suceden en 2016, como sucedieron en 2015, hechos que no habíamos anticipado y que, de tanto que nos fueron negados, empezábamos a no desear. Estos sucesos apuntan a la reconstrucción de la ética pública perdida y a la profundización de las movilizaciones de todo tipo.

Esta crisis en proceso tiene condicionantes, actores y espacios de disputa:

1.El papel activo y/o injerencista de Estados Unidos, en el marco de la seguridad hemisférica y la consideración de Guatemala (la Guatemala de la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico y el Estado ilegítimo) como amenaza a su seguridad nacional.
2. La recomposición del pacto de elites, tras el quiebre del pacto operado por el Partido Patriota desde el ejecutivo y el pacto de impunidad durante el juicio por genocidio.
3. Las disputas entre actores de poder: Ejército, Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif, embajada de Estados Unidos, transnacionales, economía criminal/emergente/oligarquia. 
4. La aparición de nuevos actores y demandas (urbanas, estudiantes, clases medias), que conlleva la recuperación y legitimación de la participación política y la búsqueda de una nueva cultura política.
5. La continuación de las luchas en defensa del territorio, los bienes naturales y la vida, por parte de organizaciones y sujetos históricos, fundamentalmente territoriales.

La multicausalidad de los conflictos, los actores en tensión, la deslegitimación del Estado, definen la crisis del régimen constituido a partir de la Constitución de 1985. Este régimen, pactado por las élites con concesiones mínimas al campo popular, no da más de sí: es cuestionado desde los márgenes por los sectores sociales, y ni siquiera garantiza la gobernabilidad desde el punto de vista de las elites (por ello el inicio oficial del proceso de reformas constitucionales).

Escenarios

No existe en el futuro inmediato una salida única para esta crisis, ni una hoja de ruta diseñada y ejecutada desde un solo actor: el reacomodo o los intentos de reacomodo y reconfiguración desde el poder no son lineales ni controlados, así como tampoco lo son las posibilidades de transformación desde los sectores populares.

Un escenario pasa por la reconfiguración autoritaria o neoconservadora, hacia un régimen legal y constitucional de mayor reducción de derechos y del Estado. En este escenario, con dinámicas de control militar, ubicamos la figura del Presidente, el partido gobernante, sus asesores militares, tanques de pensamiento ultraliberales (Universidad Francisco Marroquín), empresarios tradicionales como la familia Gutiérrez y el sector aglutinado en la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), según el análisis exhaustivo realizado por El Observador.

En un segundo escenario se abordan reformas políticas controladas, que tienen el objetivo de recuperar legitimidad del Estado y por tanto control territorial y poblacional. Las reformas mínimas son operadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Ministerio Público (MP), Ministerio de Gobernación y Superintendencia de Administración Tributaria, y afectan a aduanas, administración tributaria, seguridad y justicia. En este escenario ubicamos actores del ejecutivo con un margen de autonomía respecto al Presidente y a su partido, generando una especie de gestión gubernamental paralela. Las reformas legales y constitucionales en seguridad y justicia se inscriben en este escenario de reformas controladas.

Un tercer escenario (con posibilidades de acuerdos coyunturales y diálogo con el anterior) considera la adopción de medidas estructurales y cambios de raíz, en el entendido que la crisis no es coyuntural y la Constitución de 1985 no debe ser sustituida por un nuevo pacto de elites. Se debate sobre el modelo extractivo y la plurinacionalidad, es decir, la necesidad de una organización estatal y social que responde a la existencia de pueblos con identidad y formas organizativas propias (autonomía). Este escenario es promovido por organizaciones y luchas históricas, y por sectores urbanos que propugnan una radicalización de la ciudadanía y la democracia.

Retos y rutas de acción

¿Cuáles son nuestros retos en este contexto de cambios, donde todo se mueve pero en ocasiones parece que no cambia nada? En primer lugar, debemos ubicarnos en una situación de ruptura, entendiendo ésta como proceso plural, que se da en múltiples ámbitos: ruptura con la linealidad en el ejercicio del poder impune, ruptura con la mediocridad, ruptura con la apatía y el conformismo, ruptura con la desesperanza. Esta ruptura no niega, sino que entra en tensión, con las continuidades estructurales y los riesgos de reconfiguración del esquema tradicional de poder.

Un segundo reto es asumir con humildad que no tenemos todas las respuestas: mucho menos, cuando nos obstinamos en recurrir a marcos de interpretación tradicionales, excesivamente lineales, construidos para realidades estáticas, sobre variables fijas, inhábiles para esta coyuntura desbordante que contradice supuestos, invalida hipótesis y destruye categorías de análisis. La consciencia de nuestros límites es una característica positiva, opuesta a la arrogancia del que todo sabe y así actúa.

El tercer reto es no permanecer indiferentes, a la expectativa, atrapados en el pesimismo o fatalismo, ese pragmatismo resignado (Andrés Pérez Baltodano) que parece indicarnos que nada va a cambiar y que la agenda de los poderosos se impone siempre.

El siguiente reto implica reflexionar, retroalimentar, debatir, revisar nuestras concepciones y prácticas. Entre otros, sobre algunos tópicos que se han revelado como tensiones o nudos para las movilizaciones sociales durante esta coyuntura: cómo articulamos lucha institucional y lucha social, partidos y movimientos; cuáles son los límites de la política estadocéntrica, aquella que pone el Estado como centro, que es instrumento y fin; cómo entendemos el poder: momento inaugural o construcción permanente. 

Quinto reto, integral y abarcador: la articulación, que no pretende pegar o amontonar siglas de organizaciones, sino:

articular lo inmediato con lo estratégico,
articular visiones del mundo, sus sujetos y actores,
complementar identidades, culturas políticas, espacios de lucha,
fortalecer las diversidades
vincular luchas urbanas y rurales.

El esfuerzo (vocación y apuesta estratégica, según Isabel Rauber) de la articulación implica construir caminos de diálogo y capacidad de escucha, priorizando consensos sobre imposiciones (aunque sean de mayorías representativas).

Por fin, el último reto es, siguiendo a Edgar Morin, la construcción de estrategias para moverse en la incertidumbre, fortaleciendo el pensamiento complejo, huyendo de las consignas, las recetas, las fórmulas hechas, los finales felices o cualquier final. Supone adoptar la pedagogía de la pregunta (José de Souza Silva) frente a la pedagogía de la respuesta: crítica y autocrítica permanente, fomento de la curiosidad y la creatividad política.

Nuestro empeño no transita, dice Zibechi, con paso seguro, en sendas despejadas y, de ser posible, rectas, lineales, acumulativas. Por el contrario, el horizonte y el futuro (también el hoy) es otro: hurgar en las miles de brechas y grietas abiertas por la resistencia al capitalismo, re-conocer las menores briznas de rebeldía, sentir, vivir las fisuras existentes en la cotidianeidad de la dominación para, partiendo de ellas, intensificarlas, expandirlas, multiplicarlas, sin dirigirlas ni fijarles metas desde afuera.

No es sencillo, pero es posible si lo hacemos juntxs. 

La Marcha por el Agua y la coyuntura de cambio

“El trompo del cambio social está danzando. No sabemos durante cuánto tiempo ni hacia dónde. Quizá la mejor forma de impulsarlo sea la de imaginar que nosotros mismos somos parte del movimiento: girando, danzando, todos y cada uno. Ser parte, aún sin tener el control total del destino final” (Raúl Zibechi).

Sabemos donde comenzó, un 11 de abril, la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida, y a qué punto llegó el día 22, tras doce jornadas de camino. Sin embargo, no conocemos de modo exacto lo que sigue: tendencias, actores, relaciones, conflictos, posibilidades de avance o retroceso.

La Marcha, al cuestionar las agendas dominantes y plantear nuevas actorías y escenarios, trasciende una actividad puntual y una demanda específica, y se convierte en una inserción masiva y un rompimiento en la actual coyuntura. 

¿Hacia dónde apunta este rompimiento? Propongo dos ámbitos de reflexión.

La Marcha en su recorrido desde la Mesilla hasta Huehuetenango
1. Momento de ruptura 

La Marcha irrumpe en el tiempo político de las anécdotas y las moralejas (personificado en el presidente Morales) y en la coyuntura de disputas y reacomodos de elites: juicios y antejuicios, depuración contenida de la institucionalidad corrupta, reformas limitadas del Estado, nuevo pacto (intraelitario) de poder. Con la Marcha como centro, comunidades, pueblos y organizaciones sociales proponen un nuevo pacto desde abajo o con los de abajo, que construya otra racionalidad política (aquella en la que las instituciones y las leyes sirven sí y sólo sí responden a deseos y propuestas de la población) y otra forma de organización social y económica.

Este es el planteamiento estratégico de la Marcha, que vincula lo inmediato con el largo plazo: la lucha articulada contra un sistema mercantilista, insolidario, individualista, con gran potencial de destrucción, que es necesario transformar y sustituir por un modelo que preserve, reproduzca y produzca nuevos ciclos de vida en armonía. Esta propuesta, recogida en la Declaración de los pueblos de Iximulew sobre los derechos a la Vida, de la Madre Tierra, al Territorio y el Agua, la primera Resolución del Congreso Popular, Plurinacional y Multisectorial, y el Balance realizado por la Asamblea Social y Popular (1), es asumida de forma natural por diversos sectores. 

La Marcha constata las consecuencias de la imposición de megaproyectos y la mercantilización de los territorios y bienes de las comunidades: se reciben denuncias por robo, desvío y apropiación privada del agua, con graves efectos en sequía, calor extremo, alteración de los ciclos de las cosechas, contaminación, falta de alimentos, enfermedades.

Las comunidades se suman a las demandas: recuperación del paso de ríos, consideración del agua como bien y no como mercancía, derecho de los pueblos a decidir en sus territorios. A la vez, los caminantes son conscientes de nuevas realidades planteadas por las comunidades, lo que genera un proceso de acción política colectiva que no tiene dueño, porque es de todos.

Se retoman planteamientos y propuestas desoídas durante años por los poderes estatales, y se generan nuevas demandas y alternativas en el diálogo marcha-sectores sociales-comunidades, que comienzan a construir una ruta de acción, a partir de:

- Exigir la recuperación de nacimientos, ríos, lagos, lagunas y costa marina, y entablar procesos penales contra los responsables de la contaminación, robo, desvío y apropiación privada del agua y otros bienes.
- Denunciar y rechazar la criminalización y persecución contra el liderazgo campesino, indígena, social y popular, al tiempo que se lucha por la libertad de todos los presos políticos y el fin de la persecución política.
- Aportar a la toma de conciencia del pueblo guatemalteco sobre las políticas y actividades económicas que impactan negativamente la madre tierra, el agua y la vida de todos los seres vivos. 
- Fortalecer la articulación, lucha y coordinación en la defensa del agua, tierra, alimentos y territorio.
- Agenda estructural: cambiar de raíz este Estado y este modelo de despojo (ver declaraciones políticas de la Marcha). 


Así, el camino de la Marcha es el camino y el momento de la ruptura, entendido como aquel en que el pueblo delimita el poder del Estado y el poder de los actores políticos y económicos, y define su ámbito de acción: la profundización de las luchas hacia la transformación del Estado y del modelo económico y político. 

No obstante, no son lineales ni de una sola vía los caminos de esta ruptura, y la misma no se traduce de inmediato en cambios legislativos o del accionar institucional. El futuro, a partir de un presente inestable, está en construcción. En el camino, los logros se mezclan con las tensiones (sobre todo con la institucionalidad del Estado y el sistema de partidos), el largo plazo con el deseo de cambios expeditos, las ilusiones con la realpolítica.

2. Construcción colectiva y aprender a movernos juntos 

Aunque la Marcha es promovida (en su realización y seguimiento) por un colectivo de organizaciones (Asamblea Social y Popular), solamente tendrá continuidad como fuerza política creadora y rupturista en alianzas y con la participación de multitudes. 

La fuerza del caminar de miles de personas abre espacios de articulación. Se vinculan luchas de comunidades y sectores: urbanos y rurales, indígenas y no indígenas. El nuevo ambiente político (las movilizaciones de 2015 marcan un punto de inflexión en el desinterés por la política y  la indiferencia de la población urbana) fortalece las propuestas de la Marcha. La Marcha dinamiza la denuncia y participación.

Este potencial rearticulador es abrumador. Se multiplica la conciencia política y por tanto los espacios para la acción: todavía no delimitados, alegremente confusos, convenientemente inciertos. 

Para multiplicar esta articulación es preciso recuperar lo que el capitalismo y neoliberalismo (y la idea de hegemonía y proyecto único que todavía orienta horizontes transformadores) nos limitan: los pensamientos plurales, el diálogo y el consenso, la diversidad como fortaleza, la construcción colectiva, la creatividad. Al tiempo que se precisa una organización estructurada y un programa guía, son imprescindibles la imaginación y la implicación de actores y culturas políticas diversas. 

Es un reto, al que personas como Poncho Porres (2) dedicaron toda su sabiduría política, pero no es sencillo. Para trascender el modelo actual y su racionalidad agotada, para convertir el pacto de elites en un pacto de los pueblos, para transformar la Marcha en movilización permanente, necesitamos reconstruir y fortalecer el espíritu y la voluntad de movernos juntos como un gran río, sin caminos predeterminados, a partir de nuestras diferencias. 

Notas
1. El despojo y la mercantilización del agua provienen de un modelo de acumulación y una concepción de la vida donde lo importante es tener y no ser. En el medio y largo plazo es necesario cambiar este modelo y construir nuevas formas de organización y relación que sustituyan la disputa y la competencia: en solidaridad, equilibrio y complementariedad. Para profundizar en estos y otros planteamientos de la Marcha, consultar la página web de la Asamblea Social y Popular, www.asambleasocialypopular.org.
2.  Antropólogo, poeta, cineasta y articulador social. Falleció cuando la Marcha por el Agua cumplía la mitad de su recorrido.