La elección de Junta Directiva del Congreso 2018 (13
de enero) fortalece la agenda de la corrupción y la agenda económica
empresarial. Acciones para la impunidad de operadores políticos, aprobación de
medidas a favor de empresas nacionales y transnacionales, criminalización y
represión, emergen como prioridades de los actores tradicionales, y como
amenazas para los sectores sociales.
La nueva Junta Directiva se promueve tras la (enésima)
renovación del pacto de élites entre empresarios, poderes del Estado y actores
internacionales (renovación operada de forma simbólica en el cónclave anual
empresarial, 12 de octubre de 2017). En esta reunión, importantes sectores del
empresariado organizado ofrecieron apoyo al Presidente Morales en el momento
más crítico y débil de su gestión. Previamente, el nuevo embajador de Estados
Unidos expuso las prioridades de la administración USA para Guatemala durante
este periodo: gobernanza, seguridad y prosperidad, a las que se subordina la
lucha contra la corrupción. Por ello los mensajes provenientes de la embajada
USA en este periodo son calculadamente ambiguos y marcadamente contradictorios:
la aceptación "condicionada" de la JD 2018 o el apoyo reiterado del
embajador Arreaga a Jimmy Morales y el alcalde Alvaro Arzú son ejemplos
de esto.
Un país sin derechos y un Estado para
las empresas
2018 abre puertas para sectores empresariales,
criminales, partidarios, políticos tradicionales, transnacionales, al tiempo
que traza líneas rojas para los derechos colectivos y las luchas sociales. Las
amenazas directas son, entre otras, estas nueve:
Primera amenaza. La aprobación de la ley de reglamentación de consultas, en los términos
marcados por la Corte de Constitucionalidad en el caso de la hidroeléctrica
Oxec el 26 de mayo pasado (sentencia complementada por la Guía operativa para
la implementación del derecho de consulta, presentada por el Ministerio de
Trabajo el 18 de julio). Esta ley, considerada de máxima prioridad por los
empresarios, elimina el carácter vinculante de las consultas y la posibilidad
de realizarlas según procedimientos propios de las comunidades, además de
permitir la continuación de proyectos que están operando sin consentimiento
comunitario (más de 80 en el caso de la minería, según una denuncia reciente
interpuesta por el Movimiento Indígena, Campesino y Sindical y el diputado
Leocadio Juracán).
De forma complementaria, los empresarios presionan por
sentencias de la CC favorables a las empresas que ya están funcionando: después
de Oxec aguarda, en la antesala de la impunidad empresarial y la cooptación del
Estado, Minera San Rafael, cuyo proyecto está detenido parcialmente desde
septiembre.
Segunda
amenaza. Políticas y leyes para la persecución y
criminalización, en la línea propuesta por el CACIF en septiembre. En esta
fecha, el CACIF solicita al Ministerio Público la investigación de aquellas
“estructuras de crimen organizado” dedicadas al “hurto de energía, la invasión
de propiedad privada, el bloqueo de vías de comunicación y la paralización de
actividades de empresas”). Esta propuesta es retomada parcialmente por el
Congreso con la Iniciativa 5239, Ley contra actos terroristas, que tipifica como
terrorismo las movilizaciones sociales.
Tercera
amenaza. La Ley de infraestructura, orientada sobre todo a la
construcción estatal-privada y gestión privada de carreteras (cobro de peaje)
para lo cual los empresarios proponen adoptar el modelo de la Ley general de
electricidad, aprobada durante el gobierno del padre del nuevo Presidente del
Congreso. La aprobación de esta ley implicaría una nueva vuelta de tuerca al
modelo neoliberal.
Cuarta
amenaza. La conversión de la Agenda Nacional de Competitividad
propuesta por los empresarios (y su modelo de desarrollo invasivo,
extractivo-destructivo y excluyente) en política de Estado. La aprobación de
esta política implica la destrucción de un Estado social y la hegemonía de un
Estado construido para proteger inversiones empresariales y
transnacionales.
Quinta
amenaza. La garantía de no persecución fiscal-tributaria y de
mantenimiento de la actual cultura tributaria de exenciones y no pago, que
imposibilita la inversión y acción públicas.
Sexta
amenaza. Ley de competencia, ley de aguas que permita la
utilización empresarial e impida la persecución por desvío de ríos y
usurpación de aguas, reactivación de la propuesta de ciudades modelo o zonas de
desarrollo especial, reformas al servicio civil y ley de contrataciones,
reformas a la ley electoral y de partidos políticos que no toman en cuenta las
peticiones sociales de 2015, reformas al sector justicia que excluyen el
pluralismo jurídico: un conjunto de cambios legales concebidos para eliminar
competencia, o para provocar cambios en la superficie que mantienen intactas
las estructuras.
Séptima
amenaza. El impulso de la política de desalojos de comunidades
de sus territorios: más de 40 previstos en el Polochic, más de 100 en todo el
país. La nueva oleada de desalojos arrancó con los tres consecutivos realizados
en Ch´ab´il Ch´och, Livingston (28 de octubre), La Cumbre, Tactic (1 de
noviembre) y Semuy, Senahú (3 de noviembre), con violencia extrema contra las
comunidades y pasividad de instituciones estatales de protección de derechos
humanos (Procuraduría de los Derechos Humanos, Comisión Presidencial de los
Derechos Humanos).
Octava
amenaza. El desvío de ríos y la apropiación del agua de
empresas y fincas de monocultivo, sobre todo en bocacosta y Costa Sur, que
destruyen la naturaleza e interrumpen los ciclos de vida de las comunidades. La
complicidad del Estado y la inacción del Ministerio Público (ninguna denuncia
ha prosperado) incrementan la conflictividad y tensiones en los territorios.
Novena
amenaza (regional).
El modelo hondureño (militarización de la seguridad, ciudades modelo o zonas de
desarrollo, desaparición de la institucionalidad democrática) es un modelo a
aplicar con variantes en Guatemala. El contexto guatemalteco no puede leerse
sin tener en cuenta la situación en Honduras, donde se fortalece un gobierno y
un sistema político de derechos restringidos: democracia autoritaria, dictadura
civil-electoral, un proyecto autoritario-fundamentalista en auge desde 2009
(golpe de Estado en Honduras e intento de golpe en Guatemala.
Pacto de élites, pacto de
los pueblos
Este
pacto de élites (que incluye el pacto de corruptos pero es más amplio y
estructural) se enfrenta con mayor organización y articulación (nuestra
dispersión es su fortaleza y da alas a la impunidad). Dos grandes retos se
plantean en lo inmediato:
Primer
reto. El fortalecimiento de alianzas y articulaciones amplias, construidas con
la participación protagónica de pueblos indígenas y comunidades, a partir de
sus demandas y agendas. Estas alianzas deben renovar el repertorio de acciones,
toda vez que las acciones impulsadas y las formas organizativas existentes no
logran revertir el modelo económico de despojo y su superestructura política.
En
particular, este contexto revela el agotamiento de un modelo
de
cambios basado en la acción judicial (depuración y reformas promovidas desde el
Ministerio Público, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y,
en menor medida, Embajada de Estados Unidos) y en una agenda de reformas
mínimas, que no enfrenta la complejidad de intereses y actores de dominación.
Comparto el análisis de Marco Fonseca:
La forma cómo los poderes dominantes y sus camarillas de poder y de cartón entienden la restauración sin depuración sigue siendo el modelo que rige la política dentro del Estado neoliberal en Guatemala, sin importar lo que diga la embajada gringa, la Cicig, la fracción dominante que también quiere restauración pero con alguna depuración (en parte, para atraer más inversiones directas de las transnacionales y así ampliar el modelo extractivista de acumulación) o, de hecho, la ciudadanía «indignada». La indignación misma, de hecho, ha sido aplastada y se ha revelado, fehacientemente, como un significante político deficitario y corto. Marco Fonseca, Silencio político o división hegemónica
Segundo
reto. La discusión e impulso de una agenda integral, que tenga en cuenta
no solamente las reformas políticas y del Estado, sino reformas estructurales
del sistema económico y social (del sentido de vida y nuestro sentido de país)
y que recoja las aspiraciones de las mayorías (más allá de una agenda de
cambios promovida desde sectores urbanos y clases medias minoritarias).
2018, el año de...
La
defensa del derecho de consulta en Cahabón y San Rafael Las Flores, la
impugnación de un modelo de desarrollo que empobrece, la solidaridad con el
pueblo hondureño que defiende soberanía y derechos amenazados, la alerta ante
nuevos desalojos de población de sus territorios ancestrales, el rechazo de la
criminalización y leyes que persiguen a luchadores sociales (reforma del código
penal), el repudio a una nueva ola privatizadora (carreteras), la defensa del
agua y los ríos, la liberación de los presos políticos, la construcción de
alianzas y la profundización de movilizaciones populares, son -entonces-
desafíos fundamentales para los movimientos sociales en 2018.
