Gobierno sin rumbo, país a la deriva

 Andrés Cabanas, 25 de mayo de 2020

Después de la cadena nacional permanente, momento 25 de mayo, me quedan las siguientes impresiones: 

1. El gobierno insiste en el mensaje autocomplaciente: han hecho todo lo posible y lo han hecho bien. En su idílico país "referente mundial del combate al coronavirus", no existe desprotección del personal médico, hospitales mal equipados e insuficientes, pruebas tardías y escasas, desatención de campesinado, economía informal, población vulnerabilizada.

2. Los casos de coronavirus se multiplican, lo que indica que no funciona lo que estamos haciendo, seguramente porque lo estamos haciendo mal. Pero seguimos haciendo exactamente lo mismo.

3. Si no funciona lo que estamos haciendo cerramos el país quince días, dice Giammattei. Da la sensación de que regresamos al punto de partida de marzo, en peores condiciones, con agotamiento y desconfianza social, dando tumbos, sin ruta de acción.

4. El gobierno traslada la responsabilidad a la población. Todo estará bien si se lavan las manos, usan mascarilla, mantienen la distancia física. Pero estas medidas imprescindibles solo son efectivas si al mismo tiempo se garantiza la posibilidad de generar alimentos y condiciones para una vida digna durante el tiempo que dure la pandemia. Y si se cuenta con estrategia de salud coherente.

5. Si se cierra el país, ¿se va a tener en cuenta a la población que no tiene ahorros, reserva de alimentos, posibilidad de mantener la cuarentena?

6. El bono familia (3000 quetzales en tres meses, menos que el costo mensual de la canasta básica) no es suficiente. La bolsa de alimentos es insuficiente. Las políticas sociales siguen en deuda.

7. La toma de decisiones descentralizada, la participación de estructuras comunitarias (comadronas, promotores, Consejos Comunitarios de Desarrollo) es clave. La agricultura campesina es fundamental para lograr la sostenibilidad alimentaria de las comunidades (y de la ciudad) durante el tiempo que dure la pandemia. Nada de esto forma parte de la estrategia del gobierno, antes y durante la pandemia.

8. La reactivación de la economía empresarial en todas sus dimensiones es la prioridad de la agenda gubernamental, aunque agrave las condiciones de salud. Economía para beneficio de unos pocos, razón de ser del Estado, siempre y en esta coyuntura.

9. El país a la deriva. Este gobierno se preparó para la continuidad de políticas de explotación de recursos, megaproyectos de jugosos sobornos y corrupción normalizada. No tiene capacidad ni voluntad real de enfrentar la crisis de salud y la crisis social.

10. Economía campesina y comunitaria, mercados populares, trueque, organización y soluciones comunitarias y territoriales para preservar la salud y garantizar la alimentación de todas y todos, solidaridad, solidaridad, solidaridad. No lo piensa ni lo dice el gobierno, es nuestra ruta.

Coronavirus en Guatemala: sesenta días y empezamos a contar

Se cumplieron dos meses desde el primer diagnóstico de COVID-19 en Guatemala y dos meses desde que el presidente Giammattei calificó la enfermedad como gripona y nos mandó a relajarnos a la playa.

En este breve-intenso-interminable periodo nos han confinado; nos han dicho que todo está bien y superamos la crisis; nos han vuelto a confinar porque parece que no todo está tan bien; nos endulzan los oídos haciéndonos creer que tenemos el mejor intensivo de Centroamérica (Parque de la Industria), que finalmente resulta ser otro fiasco gubernamental-institucional: no hay médicos suficientes, ni equipos de protección, ni camas, ni medicamentos, ni alimentación digna, ni contratos para médicas, ni ¡¡¡salarios!!!.

En dos meses aprueban una ampliación presupuestaria multimillonaria que no cubre las necesidades básicas, pero que tampoco empieza a llegar, y cuando lo haga será -para variar- con criterios clientelares. En tan poco tiempo nos dicen acarreados, mal portados, apeñuscados, conflictivos, esperpentos (casi salimos a descalificación/insulto por semana).

Al final de los dos meses, con solo mil casos diagnosticados, en el inicio de la fase ascendente de la epidemia (si es cierto, como afirman los epidemiólogos, que un pico de contagios puede llegar en la semana dieciséis, es decir, a mediados de julio) hemos visto el colapso del sistema de salud, ya sin espacios para atención, y el colapso del sistema de mentiras, medias verdades y ocultamientos que se construye desde la maquinaria de propaganda gubernamental.

Sin control de la crisis 

El control de la crisis de la salud se perdió en poco tiempo (no existió) por tres razones principales, en mi opinión:

1. Falta de capacidad técnica y recursos del Ministerio de Salud.

2. Opacidad en el manejo de información y centralización de toma de decisiones en el Presidente, que impide la participación activa de otras instituciones y la sociedad.
3. Subordinación de la estrategia de contención de la enfermedad a los reclamos del empresariado organizado.

Además, en dos meses el gobierno pierde aceleradamente el control político. Mientras las decisiones tomadas favorecen y atienden demandas de empresariado organizado, diputados y alcaldes aliados, la sociedad ve que las ínfimas ayudas ofrecidas (por ejemplo, el bono familia de solo un mil quetzales) no llegan, y se restringen las posibilidades de trabajo.

Comercio popular, economía informal, trabajadores despedidos, pobladores de zonas urbanas periféricas, campesinas y campesinos resienten el doble rasero gubernamental (todo para los de arriba, nada para los de abajo) y la falta de priorización de sus necesidades.

Cuando más hacen falta instituciones creíbles, legitimadas, que enfrenten la crisis multidimensional construyendo consensos y grandes acuerdos, tenemos esto: funcionarios incapaces de ver más allá de sus intereses corporativos.

Lo preocupante es que, ante la pérdida de control político, el gobierno refuerce su proyecto autoritario, y quiera impedir la libre expresión de críticas y descontento, y la fiscalización de la labor de las instituciones del Estado.

La solidaridad supera el confinamiento 

En dos meses hemos aprendido también que la solidaridad puede más que la ineficiente y poco empática maquinaria gubernamental (las ollas comunitarias en varios municipios del país tienen capacidad de atender a miles de personas semanalmente); que la alimentación y quienes la proveen es un sector estratégico que no puede seguir siendo descuidado (al igual que las trabajadoras de salud); y que la fiscalización, la denuncia, la crítica argumentada (eventualmente apasionada) son fundamentales para sobrevivir, resistir y trascender este momento hacia mundos mejores (no es ilusión, es propuesta); que las comunidades empiezan a ejercer su administración propia (todavía de forma parcial y limitada) más apegada a las demandas de la gente.

Este puede ser un camino: autonomías territoriales, municipales y comunitarias, con decisiones: 

1. Basadas en información actualizada (no la interpretación cambiante y alocada que este gobierno hace de datos muy parciales).

2. Adoptadas democráticamente a partir de consultas con todos los sectores, especialmente los prioritarios para enfrentar la crisis (campesinado, salud, comunicación, servidores públicos, comerciantes, comedores e iniciativas solidarias, tortillerías...) y los más vulnerables en términos de necesidades y demandas: economía informal, mujeres responsables de su familia, trabajadores despedidos, personas sin hogar y otras.
3. Que tengan en cuenta de manera indivisible la dimensión sanitaria y social de la crisis. Es decir, enfrentar la propagación del virus sin condenar a miles de personas a enfermedades derivadas del hambre o directamente a la muerte.

En fin, en dos meses aprendimos (pero ya lo sabíamos, no es que la pandemia nos haga superinteligentes) que las sabidurías y las construcciones colectivas y populares son más certeras y eficaces que las decisiones tomadas al más alto nivel, aunque quienes las toman y comunican digan que son doctores.

Andrés Cabanas, 15 de mayo de 2020

Banderas blancas en el país sin tiempo

En tiempo de crisis se necesitan autoridades e instituciones dialogantes, que prioricen el bien común y los intereses de toda la sociedad, no solamente de los sectores tradicionalmente dominantes. En Guatemala, el presidente Giammattei se comporta con formas intolerantes y se muestra poco receptivo a opiniones y demandas diversas: excluyente y proclive a seguir la línea definida por las grandes cámaras empresariales.  

El presidente define medidas trascendentales con criterios caprichosos y arbitrarios (si se portan bien, afirmó, vamos a relajar algunas medidas) a la vez que economicistas y gananciales: las medidas que estudia relajar tienen que ver con la reapertura de grandes superficies comerciales y actividades económicas lucrativas, pero no esenciales para la salud, los derechos y la vida de la población.

Giammattei argumenta sin datos ni coherencia, con improvisación y contradicciones: como cuando dice, en un mismo “párrafo” (es un decir, porque el presidente habla más que escribe), que vienen las semanas más duras de progresión del coronavirus, al mismo tiempo que sugiere la reapertura de la economía (léase grandes empresas).

En recurrentes intervenciones Giammattei evidencia clasismo (protestó porque las personas -que necesitan salir a la calle para sobrevivir- se "apeñuscan"). También exhibe su aversión a la crítica al atacar cualquier opinión contraria (por ejemplo, en los insultos a un activo diputado opositor, al que llamó "esperpento").

La política de comunicación del gobierno centraliza información y oculta datos esenciales (situación de municipios, dónde se realizan pruebas, cuál es la capacidad real del sistema de salud para atender la emergencia) a la población en general e incluso a autoridades locales, lo que impide conocer el avance de la pandemia y desarrollar respuestas sociales, consensuadas entre todos los actores.   

Todas y todos somos acarreadas  

La tapa al pomo de la intolerancia excluyente la pone Giammattei cuando descalifica a miles de personas que empiezan a salir a los caminos con banderas blancas porque no tienen trabajo y/o no pueden pagar el alquiler de su cuarto o la factura del teléfono, el agua y la luz. Acarreados, les dijo, es decir manipulados o movidos por intereses ajenos y espurios, cuando usted presidente debería saber que tienen limitaciones para su sustento, o que -por ejemplo- si trabajan en mercados no ganan suficiente porque usted ordenó cerrar esos mercados al medio día, al tiempo que ampliaba actividades de gasolineras y supermercados transnacionales hasta las cinco de la tarde.

Giammattei parece no informarse adecuadamente. No me consta pero no descarto que -al igual que el presidente Trump- tenga una sola fuente de datos-opiniones y que esta sea las noticias que el mismo sugiere y después publica el canal de Gobierno.

Sin embargo, estoy seguro de que en círculos cercanos o con acceso al presidente hay personas con mayor capacidad de análisis que se dan cuenta de que aquellas y aquellos a quienes Giammattei llama acarreados son población con necesidad extrema e indignada por el doble rasero de las políticas sociales: todo para las empresas, nada para las demandas ciudadanas y de la población empobrecida. Entre ellos (revisen fotografías, notas y declaraciones que circulan abiertamente en redes sociales) hay votantes de Giammattei y del partido oficial; algunos participaron en la campaña electoral del gobierno actual y de la Municipalidad, movilizando gente y votos.

Coronavirus: nuevos tiempos o se acabó el tiempo

El 12 de marzo, un día antes de que se registrara oficialmente el primer caso de COVID, Guatemala era una bomba de tiempo: pobreza extrema, desnutrición crónica, falta de agua, estados de excepción, militarización, corrupción, dictadura (concentración de poder) en proceso. Hoy, los males se agudizan. Las disonancias políticas (la distancia entre las necesidades y las políticas públicas) se incrementan. La corrupción y el latrocinio se mantienen. Las leyes con dedicatoria, a favor de unos pocos, continúan  formando parte de la agenda estratégica del Congreso y del Ejecutivo. Buena parte de las disposiciones presupuestarias adoptadas desde el inicio de la pandemia en Guatemala tienen que ver con el pago de compromisos de campaña y otros asumidos el 14 de enero para formalizar el nuevo pacto Giammattei-diputados.

La pandemia avanza aceleradamente con impactos sociales y de salud (a pesar del discurso oficial de que vamos bien y todo está bajo control) en un país agotado: socialmente debilitado, tras años de gobiernos corruptos y depredadores; institucionalmente yermo, porque el Estado carece de gestiones orientadas racionalmente al bien común.

Afortunadamente, la cohesión social y comunitaria (todavía desigual e insuficiente ante la magnitud de los retos) funciona como primer nivel de protección (ver artículo Juntas saldremos adelante).

Las banderas blancas son una respuesta social, desarticulada en términos de proyectos y sujetos emancipadores tradicionales, con rasgos de desesperación que no la invalidan sino la legitiman, imprevisible pero real. Alerta en la bomba de relojería que es Guatemala, a rebufo del escenario sin tregua que impone la expansión de la enfermedad. Última llamada en el país y el Estado que agotó todos los tiempos.