Las movilizaciones contra los altos salarios y la indignidad de la mayoría de servidores públicos, y la decisión de la autoridad comunitaria de Santiago Atitlán de revocar acuerdos municipales y licencias económicas lesivas, son dos detonantes inmediatos de la ofensiva del Ministerio Público contra autoridades comunitarias.
En el primer caso, se pretende desactivar la bomba de relojería de la oposición a los salarios exorbitantes e indignos en instituciones del Estado, que está logrando articular a diferentes sectores. En este punto, se resalta la vinculación del Ministerio Público con diputados distritales, que se niegan a perder sus privilegios y a renunciar a la idea de Estado como instrumento de enriquecimiento.
En el segundo caso, el ejemplo de Santiago Atitlán (el ejercicio de la soberanía de la comunidad, superior al poder de instituciones y representantes del Estado) atemoriza o aterroriza a sectores que fundamentan su beneficio en la falta de consulta y la imposición, disfrazadas, eso sí, de todo tipo de razonamientos legales. Aquí se evidencia la conexión de la actual dirigencia del Ministerio Público con importantes actores del poder económico.
Con esta acción, el MP pretende presentarse como actor imprescindible para contener las movilizaciones sociales vía difusión del terror, al tiempo que busca profundizar divisiones y desarticulaciones comunitarias. Con ello, además, la institución fuerte y firme para perseguir selectivamente quiere fortalecerse tras meses de reveses continuados: el fracaso de la estrategia de invalidar el resultado electoral de 2023; la derrota de su estrategia de control del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; el callejón sin salida de la alianza con el gobierno Trump, temporalmente aplazada.
Pero las demostraciones de fuerza y las articulaciones de poderes oscuros pueden partir de cálculos erróneos y, el tiempo lo dirá, generar efectos indeseados. Creo que somos bastantes los que pensamos que, ante la agresión, se rearticularán fuerzas y espacios de acción conjunta, debilitados tras el fin del levantamiento de 2023 o, al menos, se visibilizará con mayor fuerza la necesidad de pactos entre comunidades, autoridades, territorios y organizaciones sociales, con capacidad de involucrar a sectores de la población activos en el levantamiento y silenciosos desde entonces, así como otros sectores que ya merecen ser tratados como actores políticos relevantes, como las personas migrantes.
48 Cantones y la mayoría de organizaciones indígenas y populares consideran, pienso que con razón, que estamos ante el inicio de un nuevo periodo de criminalización y un autoritarismo renovado que niega los derechos colectivos de los pueblos, empezando con el derecho de movilización y participación y se opone a cualquier tipo de cambio en la estructura del Estado y mucho menos el modelo económico. Nos corresponde entonces unir fuerzas, reencontrarnos, escucharnos y hablar desde las divergencias constructivas, construir agendas y rutas de acción comunes (en la que puede y debe participar Movimiento Semilla y gobierno aunque no deben encabezar este proceso) para enfrentar la autocracia y avanzar hacia el ejercicio del poder político directo de comunidades y pueblos.
Los pueblos somos más.
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